El Gobierno, a través de una resolución firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), modificó la evaluación para el otorgamiento de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Y recibió un fuerte repudio por incluir una terminología discriminatoria y estigmatizante en el decreto, publicado en el Boletín Oficial.
El anexo de la resolución 187/2025 establece una clasificación basada en coeficientes intelectuales (CI), y clasifica a como “idiota” a la persona que “no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades elementales, no puede subsistir solo”. Y es “imbécil”, siempre según el criterio de ANDis, aquel que “no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias”.
La normativa describe como “débil mental profundo” a quien “solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”. Es “débil mental moderado” aquel que “lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual”. Y es “débil mental leve” la persona que “cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura”.
El texto sostiene además que “le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor. Pero como ejemplo de la complejidad que amerita evaluación particular, ya que no encuadran en los mismos, los débiles mentales fronterizos, leves y moderados tendrán derecho a pensión cuando no hayan desarrollado sus disponibilidades básicas, ni realizado nunca tareas remunerativas, como así también los que tengan debilidad mental disarmónica, cuyos trastornos de personalidad obstaculicen su comportamiento social y aptitud laboral”.
La palabra del Gobierno luego de la polémica
En medio del escándalo que se generó por la publicación de la normativa 187/2025, desde la Agencia Nacional de Discapacidad emitieron un comunicado en las redes sociales a modo de retractación, y en el que aseguran que todo se trató de “un error”.
“Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”, señalaron en la cuenta oficial en X.
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, agregaron.