El Presidente del TSJ informó que las actuaciones sobre una magistrada se originan en denuncias formales por presunta violencia laboral y mora judicial, presentadas por agentes judiciales, secretarias, juezas y abogados.
Se aclaró que la intervención no es de oficio, sino una respuesta institucional en el marco de sus funciones de superintendencia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
De esta manera, se reafirma su compromiso con la transparencia, la erradicación de la violencia laboral y el respeto en el ámbito judicial.
Actuar ante denuncias formales no es persecución, sino el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.